Lench
IT Solution utilizando
sus agencias en Inglaterra de nombre Gamma Internacional y otra en
Alemania ofrecían
un software para vigilancia- Este software era ofrecido solo a entes
gubernamentales dedicados a la aplicación de la ley (Ej. Policía,
Ministerio Público, FF.AA., etc.). Esta empresa ofrece servicios
especializados de vigilancia y monitoreo, incluyendo equipamiento,
software y servicios de entrenamiento. Todo esto nos lo dice la
wikipedia.
Uno
de los software que vendían se llama FinFisher. Este producto ya era
conocido en el ambiente de profesionales de seguridad desde el año
2012 aproximadamente cuando se descubrió que era utilizado
para espiar a
disidentes de distintos gobiernos, también
fue utilizado para espiar a periodistas y a activistas de derechos
humanos.
En
setiembre del 2014 Wikileaks expuso documentos filtrados incluyendo
ejecutables etc. Para entender de que se trata el software solo basta
con revisar wikileaks aca y aca.
El
día de ayer el
Citizenlab de la Universidad de Toronto según
un articulo publicado. De este
post se hace eco la Associated Press.
Si
bien Paraguay no aparece en la lista de clientes expuesta por
Wikileaks, en diciembre del 2014 fue “visto” un proxy con un IP de Tigo
por Paraguay.
Acá
surgen varias preguntas:
1)
Lo compró el Estado paraguayo?
- De
ser así: con que presupuesto? Que institución?
- Cómo
fue utilizado, hubo ordenes judiciales para su utilización?
2)
Si no lo compró el Estado paraguayo?
- Alguna
institución autorizó la implementación de un software de espionaje
de otro Estado para que funcione en nuestro país?
- Si
no existe tal autorización, se investigará como procedieron?
La
utilización de este software es esencialmente diferente al que se
planteaba con la ley de Giuzzio, la ley #pyrawebs. Esta ley planteaba
el registro de las actividades de todos los usuarios que utilizan la
infraestructura de Internet del país.
Este
software es básicamente para espiar explícitamente a determinados
“blancos”. Por ende es un software que explícitamente quebranta
derechos constitucionales. De hecho quebranta inclusive artículos
del código penal
vigente actualmente. (Art. 174, 175, 146).
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