Los Estados modernos y contemporáneos son quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza. Esto implica que solo El Estado puede hacer uso de toda violencia o de alguna coerción legítima dentro de un territorio determinado. (Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu). Olvidemos todo el problema del estado de naturaleza y la justificación de la existencia del Estado. Al fin y al cabo vivimos bajo el imperio del Estado Paraguayo.
Otra característica de los Estados modernos y contemporáneos es el Estado de Derecho. Hablando mal y pronto esto implica que la ley es lo que guía nuestra conducta y esto obliga a los gobiernos a utilizarla como su principal instrumento. Hasta acá todo bien. No creo que nadie contradiga estos conceptos.
Hace unos días apareció en tocorre un post bastante particular. En resumidas cuentas, la persona que posteo eso recibió una nota de la BSA.
Todo bien con que la BSA y la Abog. Patricia Stanley Zarza su apoderada ofresca servicios de asesoria, negocio licito. Inclusive todo bien con la ley de derechos de autor, que aunque no estoy de acuerdo con ella, la respeto aunque lucharé por su derogación ya que en el mundo digital estas leyes solo prohiben libertades sin dañar a nadie, como dijera Richard Stallman, el software no puede tener propietarios. Este tipo de leyes son anacronicas para la civilización digital que esta naciendo.
Lo que si esta mal a todas luces es que la Abog. Patricia Stanley Zarza en representación de la BSA se arrogue privilegios exclusivos del Estado Paraguayo intentando coaccionar a una persona física y/o persona jurídica a la presentación de licencias y facturas so ‘pena’ de ser demandado judicialmente. En la misma ley que hace mención esta nota (Ley 1328/98 De Derechos de Autor y Derechos Conexos) se especifíca en el Art. 147 Inc. 9 que la única autoridad competente para estos menesteres es la Dirección Nacional del Derecho de Autor (organismo creado en esa misma ley) dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. O en todo caso la Justicia es la otra Institución que podría efectuar esta coacción o exigencia.
Con este tipo de notas la abogada representante de la BSA demuestra ignorancia, ya que no conduce sus denuncias por los conductos correspondientes dentro de la República del Paraguay. Al hacerlo de esta forma, simplemente demuestra que en nuestro país la BSA es un organismo parapolicial que no respeta a las Instituciones establecidas.
Nuestras autoridades hacen la “vista gorda” ante estos hechos. La pregunta es ¿Por qué hacen la vista gorda?. Los grandes intereses económicos no pueden estar sobre los intereses de la nación.
Otro punto que me preocupa es ¿Como la BSA se decidió elegir a un destinatario determinado?, ¿Se tomó el nombre/dirección de la guía telefónica?, ¿Las empresas extranjeras que representa la BSA proveyeron los datos?, ¿Qué datos tienen estas empresas extranjeras de ciudadanos paraguayos?, ¿Con qué fin?. Esto es algo que la BSA y sobre todo la abogada Patricia Stanley deben aclarar.
La fiscalía y/o la Dirección Nacional del Derecho de Autor deben tomar medidas al respecto. Esto no puede permitirse, no puede continuar. Una ONG cualquiera no puede arrogarse privilegios exclusivos del Estado Paraguayo.
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